Análisis del programa de la Nueva Mayoría y las distintas posiciones del bloque en el poder
• El 2014 estará marcado por el impacto de asunción al gobierno de la Nueva Mayoría (ex – concertación). Algunos plantean que no hay nada nuevo, que la continuidad de la lógica de un Estado subsidiario levantado por Bachelet en su gobierno anterior marcará la pauta de su retorno a la presidencia; no obstante, hay algunas luces que nos indican que se abre un nuevo escenario. Este se caracteriza principalmente por la incorporación del PC a la coalición de los partidos gobernantes, así como la institucionalización de otros grupúsculos más pequeños (Izquierda Autónoma y Revolución Democrática), pero con alto impacto mediático producto de militantes reconocidos a partir de las movilizaciones estudiantiles; lo que nos permite prever, que la agenda en educación superior estará claramente conducida por el gobierno, y que la iniciativa política respecto a este tema tendrá un fuerte cariz progresista, ciudadanista e institucional.
El programa de gobierno para la Educación Superior
La reforma educacional es considerada como una de las tres grandes reformas estructurales que constituyen el eje programático y discursivo de la Nueva Mayoría. Las otras dos (nueva Constitución y Reforma Tributaria) giran en torno a ésta, ya que la formulación de una nueva Constitución busca consagrar los derechos como garantizados jurídicamente por el Estado –una de las principales críticas ciudadanistas que se le hace al estatus de la educación en Chile y de los otros derechos “sociales”-, y la reforma tributaria es funcional a la educativa, puesto que busca recaudar los recursos necesarios para ampliar el financiamiento al sistema educativo.
Jerarquizada de esta forma, la reforma educacional será una de las principales iniciativas del gobierno que estará permanentemente en la agenda política y que, para la Nueva Mayoría, será prioridad resolver a su favor, para así fortalecer su posición política desde la alternativa progresista.
Así contempla cuatro principios para lograr, según lo afirmado por Bachelet, que la educación pase de ser un bien de consumo a un derecho social: Gratuidad, Fin al Lucro, Calidad y No Más Segregación; pilares que serán el soporte discursivo para las medidas que se adoptarán tanto en la educación preescolar, escolar y superior.
En el plano de la Educación Superior (Esup), claramente la medida programática más rimbombante del gobierno es la promesa de la gratuidad universal. En concreto, el programa propone que, con los recursos de la reforma tributaria (que se implementará gradualmente, a través de un aumento de los impuestos anuales), se podrá alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables en cuatro años, mientras que en seis años se alcanzará el 100%. Estos plazos se consideran desde el momento en que se apruebe la reforma legal, la cual será ingresada durante los 100 primeros días de gobierno. Ahora, la gratuidad estará condicionada a una serie de requisitos y, por lo tanto, solo será garantizada para quienes estudien en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales -públicos o privados- que firmen un convenio con el Estado y cumplan con lo siguiente:
a) Estar acreditada (lo que vendrá de la mano de una serie de modificaciones al sistema de acreditación).
b) No lucrar (para lo cual se plantea una suerte de fiscalización sobre las instituciones).
c) Cumplir con las normas de acceso equitativo, esto es, 20% de acceso garantizado para el 40% más vulnerable.
d) Regirse por el sistema de aranceles, o sea, no se puede cobrar más que el tope definido por un grupo de expertos que constituirá el Mineduc.
e) Generar procesos de acompañamiento a estudiantes vulnerables.
Por otro lado, se ha anunciado la creación de CFTs públicos y de dos universidades públicas regionales nuevas en la VI y XI regiones, y la creación de un fondo de financiamiento directo extra a las universidades estatales.
Los Anuncios
Por su parte, el ministro Eyzaguirre ha sabido mantener ciertos grados de incertidumbre en los proyectos que mandará al Congreso, logrando –por el momento- mantener inmóviles a los sectores comprometidos en el tema. De esta forma, ha querido hacer un guiño a parte del estudiantado, incorporando las consignas que los movilizaron durante el 2011. Sin embargo, también ha podido dar respuestas a la derecha política, los rectores y parte del empresariado que se han visto alarmados por las iniciativas que pudieran impulsarse desde el Mineduc. Su destreza política se combina también con el equipo político de gran calibre que ha armado, donde destaca la figura de Rodrigo Rocco (ex dirigente estudiantil del PC y presidente de la Fech en los años 90), Miguel Crispi (miembro de Revolución Democrática) y la subsecretaria Valentina Quiroga (una de las fundadoras de Educación 2020), todos figuras políticas que emergen desde el mundo estudiantil por su labor como dirigentes o por sus estudios de posgrado en el tema.
De esta forma, en la primera reunión con la mesa ejecutiva del Confech, Eyzaguirre tomó inmediatamente el control de la agenda, logrando desarmar los argumentos de los dirigentes. Para esto, anunció medidas en los 4 puntos claves para la Confech: financiamiento, lucro, acceso y democratización.
Se anunció que parte del financiamiento de las universidades efectivamente será por “Voucher”, no obstante, será bajo el marco de una “oferta regulada”, dependiendo de la características de la institución. Además, a partir de lo expresado, el Mineduc planteó que fijará criterios para que las universidades reciban fondos estatales, entre los cuales se valorará la participación de las comunidades educativas, a través de procesos que se puedan abrir desde las instituciones del Estado. Los aranceles serían establecidos por el Estado y no por las instituciones, eliminando el arancel de referencia.
En relación a esto se introducen una serie de matices al voucher, pero continúa siendo sólo un subsidio a la demanda. Los procesos participativos son institucionales, por lo cual estarán regulados y se harán de acuerdo a los lineamientos que desea establecer el Mineduc. Todo desde el marco de un Estado subsidiario, es decir, sin tocar el modelo.
En relación a la participación de la comunidad en la gestión de las escuelas, el ministro habló de los “servicios locales de educación”. Éstas serían instancias institucionales (que podrían ser por provincias) y que supuestamente ampliarán la participación de las comunidades en el control de las escuelas, esto como una respuesta a la demanda de la ACES.
También se acaba en forma paulatina –mientras se implementa la gratuidad- con el Crédito con Aval del Estado y el Aporte Fiscal Indirecto (que otorga voucher a los primeros 27.500 puntajes en la PSU). Medidas que son del todo lógicas si consideramos que el nuevo financiamiento institucional irá enfocado tanto a universidades públicas como privadas, por lo cual sólo se está perfeccionando el financiamiento en función del “mercado educativo”. Indirectamente, se continúa subsidiando con recursos del Estado a los privados, ya que la gratuidad no distinguirá en relación al tipo de institución, de la misma forma que los fondos para el desarrollo de la investigación, de acuerdo a lo manifestado por el propio ministro.
Por otro lado, el gobierno retiró el proyecto de ley que creaba la Superintendencia de Educación Superior, debido a que no estaba de acuerdo en aspectos técnicos que se relacionaban principalmente con definiciones. Para el ministerio, la superintendencia no tenía efectividad si no se definía qué era el “lucro” y a qué se referían las “buenas prácticas”. Esta superintendencia se dedicaría a fiscalizar todas las instituciones de educación superior, desde las públicas y privadas hasta los centros de formación técnica. Supuestamente, quienes comprobadamente lucren, podrían ser sancionados de tres formas: a) buscar un nuevo administrador, b) estatizar el plantel, o c) fusionar con un plantel estatal ya existente.
Si bien el ministro ha manifestado que todavía no está claro de qué forma se va regular el lucro en los colegios particulares subvencionados, sí manifestó que la creación de establecimientos de estas características será congelada y se fortalecerán los públicos. También manifestó que, una vez que se implemente la gratuidad en la educación superior a un 100%, entonces se suprimirá la PSU por un test que mida capacidades y no conocimientos. Estas declaraciones claramente no van en el sentido que tenían las demandas secundarias, puesto que plantea sólo el congelamiento de la creación de establecimientos particular-subvencionados de manera provisoria y no se acaba con ellos. Se manifiesta además la creación de otra prueba de admisión, continuando la segregación.
En relación a la democratización, el gobierno plantea el derogar el DFL N°2 y el 524 y así eliminar las trabas que no permiten los gobiernos triestamentales en las universidades. No obstante, las formas de participación deberán ser resueltas por los estudiantes y sus autoridades universitarias. Así el Mineduc se desliga y traspasa la problemática a los rectores y estudiantes, dependiendo de la voluntad de los planteles universitarios o del grado de presión que se podría lograr.
Discusión en torno al rol de lo público y lo privado
En otros aspectos, el ministro Eyzaguirre ha sido enfático en señalar que las instituciones estatales tendrán un trato preferencial, ya que el Estado es el mandante. Sin embargo, también señaló que las instituciones privadas de “vocación pública” también serán favorecidas en relación a la investigación, el desarrollo y la ciencia. En este sentido manifestó que la entrega de recursos dependerá de la matrícula de cada institución y de la acreditación; la propiedad no sería un factor de diferenciación para la entrega de esos recursos. Esto porque, de acuerdo al ministro, “la cultura y el conocimiento no son monopolio de las universidades estatales”. Cabe destacar en este punto que, desde un comienzo, los rectores de las universidades privadas se mostraron escépticos e incluso manifestaron su preocupación de que desde el gobierno se estuviera asimilando lo público con lo estatal.
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, manifestó que hacer esto era una “tontería”, que en el fondo “la esfera de lo público no le corresponde ni al Estado, ni al mercado”, de este modo se reabre la discusión de lo público y el sentido público. Sin embargo, a poco andar, durante el mes pasado se concretó una reunión entre los rectores de las universidades privadas más selectivas (dentro de las cuales estaba la Universidad Finis Terrae, Adolfo Ibáñez, del Desarrollo, Mayor, Alberto Hurtado, de los Andes y Diego Portales), donde culminaron manifestando su apoyo a las medidas del gobierno, entendiendo que sobre todo, por el marco de la reforma, éstas serán las más beneficiadas. Incluso se comentó post reunión, por parte del mismo Carlos Peña, que existiría la posibilidad de crear un aporte basal para las universidades privadas en el mediano plazo, lo que finalmente terminó por “calmar las aguas” sobre la percepción de lo público por parte del gobierno y reforzar su alianza con los privados y el mercado.
En otro plano la Iglesia, que es propietaria de varias de las instituciones privadas autodenominadas como “de vocación pública”, ha demostrado sus aprensiones a las reformas anunciadas. El monseñor Ezzati declaró que la reforma educacional no podía “caer en modelos estatistas caducos” y defendió “la pluralidad de proyectos educativos”, señalando que “la gratuidad podría conducir a que el Estado podría ser el dueño de la educación”. La iglesia intenta establecer que la educación tiene que tener un “sentido público”, pero eso no significaría que el Estado debiera imponer un estilo de educación. De acuerdo a Ezzati, “son los ciudadanos quienes tienen que elegir el estilo, la forma, el proyecto educativo de sus hijos”.
Posición de la derecha política
Por su parte, la derecha intenta como siempre salvaguardar los intereses de los empresarios; no obstante, del empresariado más conservador que a toda costa pretende mantener y defender sus tazas de ganancias. Sin embargo, también existen algunos reacomodos al interior de esta coalición política, pues ante la negativa de hacer ajustes de los grupos más conservadores, han surgido parlamentarios que entienden una necesidad de hacerlo para mantener el modelo. De esta forma, hay un quiebre en RN que significa la aparición de otras dos fuerzas políticas: Amplitud y Evolución Política (Evópoli), las que intentan agrupar los sectores más liberales que existían en su antiguo partido.
Hay que precisar que este reacomodo en la derecha sólo refleja una crisis coyuntural, en ningún caso orgánica. No existe una fisura en esta parte del bloque dominante, pues más allá de los matices en relación a cómo salvaguardar el modelo, existe consenso en que ese es el fin mayor. Por lo tanto, en relación a la reforma educacional la derecha tiene una posición y no da lugar a las ambigüedades.
En este sentido, su principal problema no es la gratuidad. Si bien ha manifestado, y lo continuará haciendo, un discurso de desacuerdo con esta medida, la principal preocupación de la derecha es que no se toque la “libertad de enseñanza”. El interés es mantener un mercado educativo que permita una propiedad mixta y que el Estado mantenga un papel subsidiario y de ente regulador. La idea es que la educación continúe siendo un mercado donde los privados cumplan un rol central, y garantizar la reproducción del conocimiento en las esferas de la elite, permitiendo a su vez la reproducción ideológica y económica de la clase dominante.
En relación a eso hay una concordancia absoluta con lo que plantea la iglesia, a la cual le interesa proteger el mismo principio. Sin embargo, al igual que los rectores, después de la reunión con Eyzaguirre el sector se vio más satisfecho con las respuestas que obtuvo. El ministro hizo entender a la derecha que más allá de la diferencia de matices que pueda existir, no existe una visión estatista desde el gobierno y el modelo de propiedad mixta no se tocará; la “libertad de enseñanza” está a salvo.
El Partido Comunista
En el Colegio de Profesores y la Cones tiene mayor incidencia el PC, por lo tanto hoy, si bien pueden manifestar algunos matices y distancias, están intrínsecamente alineados al proyecto de la “Nueva Mayoría”.
En el caso del Colegio de Profesores, éstos adhieren absolutamente a la medidas que el ministro está anunciando, donde para ellos el principal interés está en la desmunicipalización de la educación y la Carrera Profesional Docente. Su dirigente, Jaime Gajardo, deja claro que para ellos “Chile requiere asegurar la libertad de enseñanza” y “nuestro sistema ha sido y seguirá siendo mixto”.
Claramente no está en la política del PC hoy acabar con la “libertad de enseñanza” ni acabar con el sistema mixto de la propiedad de las instituciones de educación superior, como tampoco terminar con el sistema subvencionado de colegios (según ha declarado también Gajardo). No obstante, lo más importante es que finalmente no plantea una posición clasista ni rupturista con las políticas del gobierno, que están lejos de las demandas que emergieron en las movilizaciones pasadas, sino más bien muestra ser su base social para contener y proyectar la política del gobierno en el mundo social. De esta misma forma, la reunión entre el magisterio y Eyzaguirre fue la más corta que las que sostuvo el ministro con otros gremios y hubo amplia coincidencia en todos los puntos.
Por su parte, la Cones ha sido más cautelosa en sus declaraciones, dado el sujeto social al que representa. En este sentido no han querido ser concluyentes en relación a su apoyo a la reforma del gobierno, no obstante, han elogiado al ministro por su disposición para el dialogo y han apoyado la iniciativa legislativa que pone fin al copago y la selección en los establecimientos. También ha mantenido importantes encuentros con el Colegio de Profesores, como una forma del PC de unir fuerzas entre los sectores sociales a los que todavía puede influenciar.
Hay que comprender que la entrada del PC a la Nueva Mayoría y el gobierno es una estrategia de las clases dominantes para darle la legitimidad necesaria a los ajustes que necesita el modelo. Por lo tanto, el papel del PC es ser protagonista, desde el mundo social, en las reformas más emblemáticas que se harán, pero que claramente no tocarán los pilares fundamentales del patrón de acumulación actual; más bien sentarán las bases para avanzar en un nuevo reacomodo que se impondrá desde la clase dominante y donde el fin del PC es lograr más representación institucional.
Nuestro análisis del Programa de la Nueva Mayoría
Ya que se trata de esclarecer mediante el análisis el verdadero carácter de la propuesta educativa del gobierno de Bachelet, podemos decir en primera instancia, que no se trata en ningún caso de una ruptura radical con el modelo educativo neoliberal, ya que persisten los principios fundamentales de este modelo. Lo que se introducen son aspectos de carácter progresista que pretenden construir un imaginario de Estado protector y garante de un derecho social, lo que se lograría gracias al encubrimiento de los pilares más propiamente neoliberales. Este encubrimiento vemos que se expresa en los siguientes puntos:
• Financiamiento estudiantil y falsa gratuidad. La lógica neoliberal se expresa en la mantención de la focalización, esta vez extendida, como mecanismo de subsidio selectivo sobre quienes no tienen capacidad de pago y acceden a cierto tipo de instituciones que cumplan con los estándares impuestos, sin embargo, es paradójico que la mayoría de los jóvenes más populares acceden precisamente a aquellas instituciones más precarizadas y que, por estar insertas en el mercado educacional, quedan a la deriva y difícilmente pueden cumplir con los estándares planteados (de partida no pueden acreditarse). Entonces, ¿qué es lo que se garantiza? ¿Qué los jóvenes accedan gratuitamente a una educación de calidad? Claramente no, no se puede garantizar esto en un mercado que opera bajo la lógica de la oferta y la demanda. Lo que queda garantizado es que las instituciones más selectivas que atraen a los jóvenes más acomodados de la clase y de la burguesía serán las que accedan a recursos garantizados por parte del Estado. Pareciera que esta es una forma de profundizar la segmentación de la Educación Superior, segregando a los estudiantes por su condición de clase, donde los más perjudicados serán, una vez más, los más pobres.
• Educación “pública” que incluye a los privados. Desde la perspectiva neoliberal es posible disociar lo público de lo estatal; las instituciones privadas con vocación publica, dan sentido a la propuesta del gobierno, sin embargo, maquillan que esta es la forma en que logran transferir recursos públicos a privados, garantizando el dinamismo del mercado y la elitización de la educación superior. Por otro lado, el problema de lo público no es solo un tema de propiedad, no se trata de entender de que por el hecho de vincularlo a lo estatal, estamos acotando la dicotomía a este aspecto. Más bien, está asociado al rol que cumple el Estado en la sociedad, en términos de que la mirada de un proyecto país no puede hacerse desde las parcialidades e intencionalidades de instituciones que tienen por último fin la ganancia o la reproducción ideológica; es por tanto solo el Estado el que puede garantizar que la educación tenga un carácter público.
• Perpetuación del mercado de la educación superior, con mayor regulación del Estado. La reforma tiene como función garantizar el mecanismo regulatorio de la oferta y la demanda al interior de la Esup, solventando a las instituciones públicas y privadas que operan en el mercado y cumplen con las restricciones impuestas por el Estado, mediante los recursos destinados a los pagos de aranceles de los clientes-estudiantes capaces de acceder a estas instituciones. En este sentido, se perpetua la lógica de la competencia al interior de la Esup, que jerarquiza a las instituciones y segrega a sus estudiantes, precarizando a la mayoría de las instituciones a las cuales accede la mayor cantidad de jóvenes de menores recursos; y se mantiene el principio neoliberal de traspaso directo de fondos públicos a actores privados para la provisión de un servicio. En el plano discursivo, la garantía de la mantención del mercado como mecanismo regulatorio de la Esup, se basa en la afirmación hecha desde personeros del gobierno respecto a que la libertad de enseñanza no se verá alterada por la reforma educacional.
• La supuesta universalidad que se pretende lograr con la gratuidad es una falacia. Primero, por un lado, es fundamental reconocer que hoy una gran cantidad de jóvenes de los sectores más populares no acceden a la Esup, lo cual no se verá impactado por esta reforma, manteniendo en la marginalidad a estos jóvenes; y por otro lado, ya que la demanda por ingresar a la educación superior es mayor a la oferta de las instituciones que serán financiadas por el Estado, la PSU (o cualquier herramienta similar) seguirá operando como un filtro que deja afuera de estas instituciones a los más pobres. Por lo tanto, no se resuelve el problema de que ellos deberán seguir endeudándose para pagar los aranceles.
• Profundización de la segregación, precarización y crisis del conocimiento. La forma selectiva en la que el Estado entregará recursos manteniendo su rol de agente regulador, pero sin desmantelar el mercado en el sector educativo, profundizará la crisis del conocimiento. Esto, debido al aumento de la segregación de las instituciones y los jóvenes que acceden a éstas, donde la falta de recursos y la carencia de un rol garante por parte del Estado en la educación -como fuente de creación y reproducción del conocimiento para el desarrollo de la sociedad- generará mayor precarización del conocimiento. De esta forma, perpetuará su funcionalidad respecto a la tecnificación de la mano de obra que se requiere para el modelo económico chileno, tercerizado y primario exportador.
Para Todxs Todo, mayo de 2014
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